“La Grande”: un hipermercado alimentado con dinero público que excluye a los más vulnerables

La inversión y la protección del gobierno zuliano no han garantizado a los clientes el acceso económico a los alimentos. Entre enero de 2019 y enero de 2020 algunos productos aumentaron casi 26.000%, por ejemplo la carne de primera. El establecimiento privado contraviene el propio discurso gubernamental y las imposiciones del gobierno de Maduro.

Por: Francisco Rincón

Desde mediados de abril funcionarios como el gobernante Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, han denunciado con más énfasis que empresarios y comerciantes especulan con los precios para “hacerse ricos y desangrar al pueblo”. Sin embargo, en el Zulia existen establecimientos que cuentan con el apoyo y protección del gobierno regional, al mismo tiempo que contravienen el propio discurso gubernamental y las imposiciones del gobierno de Maduro.

Tal es el caso del Hipermercado La Grande, inaugurado con bombos y platillos por Omar Prieto, gobernador del Zulia, el 20 diciembre de 2018 en la Circunvalación 2 de Maracaibo. La promesa gubernamental fue clara: “aquí el pueblo comprará a precio justo”. La inversión ascendió a más de 700 millones de bolívares Soberanos (más de $1.5 millones de acuerdo con la tasa Dicom del día de la inauguración) y nacía tras “un esfuerzo gigantesco que ha hecho el sector privado, el presidente Maduro, la Fuerza Armada Nacional y el Gobierno regional”, según declaró Prieto.

Aun así, mientras que algunas empresas privadas fueron “ocupadas temporalmente” y en supermercados se realizan “ventas supervisadas” por instituciones del Estado tras ser acusados de acaparadores o especuladores, en La Grande incumplen —con la venia oficial— el control de precios (otra vez) que inició a partir del 27 de abril en Venezuela.

Para este trabajo se compararon el 30 de abril los precios de 17 productos que venden en el establecimiento, con la lista de precios acordados publicada por el gobierno de Nicolás Maduro, dando como resultado que 13 de estos tenían los precios por encima de los de la lista.

María Cañizares no conoce esos detalles. Solo sabe que “ese supermercado es del gobierno”. A finales del 2018 e inicios del 2019 ella caminaba desde su casa para ir a comprar la carne y algunos productos alimenticios que no podía adquirir en otros establecimientos de Maracaibo por sus altos costos. Adultos mayores y madres jóvenes, en su mayoría, repetían aquella escena y hacían largas colas para llevarse bandejas de bistec, lomo de aguja, carne molida y desmechar, costilla de res y víveres.

Paulatinamente el fenómeno desapareció y el poder adquisitivo que tenían las familias de los municipios Maracaibo y San Francisco se desmoronó. Es un secreto a voces del que poco se habla, pero que ha dejado rastro.

El Hipermercado La Grande, inaugurado por el propio gobernador; alimentado con dinero público; y protegido por los cuerpos de seguridad del Estado; vende con sobreprecio, aumentó en un año el costo de algunos productos hasta 6.6 veces más en comparación con otros establecimientos de la capital marabina, dolarizó la mercancía, condiciona las ventas de algunos productos y nadie lo supervisa ni fiscaliza.     

Carritos vacios

Pese a que las autoridades regionales aseguraron que en el establecimiento “pueden venir a hacer una compra digna con su cesta de alimentación”, para la primera quincena de enero de 2019, casi un mes después de su inauguración, el cestaticket de un trabajador —que cobró 450 bolívares porque la primera quincena con el incremento salarial se hizo efectiva hasta el 30 de enero— apenas le alcanzó para comprar 750 gramos de carne de segunda en el hipermercado.  

Para comprar 1 kilo de carne de res, 1 kilo de costilla, 1 kilo de pasta, 1 kilo de arroz y 500 gramos de margarina, los clientes necesitaron poco más de dos salarios mínimos en la primera quincena de enero de 2019, mientras que en otros mercados de la ciudad necesitaban poco más de tres. “Agarrábamos dos buses para llegar. Salía temprano de la casa con mis vecinas y aunque hacíamos la cola durante varias horas bajo el sol y con hambre, valía la pena. Uno lograba comprar sus cositas, principalmente salado (proteínas como pollo y carne)”, dice Cañizares.

Al paso de 1 año, para la última quincena de enero de 2020, los mismos productos costaban montos similares en la calle o en La Grande. Los aumentos más significativos se registraron en el kilo de carne de primera y en el de costilla de res. El kilo de carne de primera aumentó en un año 25.900% en el hipermercado, mientras que en otros mercados de la capital zuliana 3.900%. En el caso del kilo de la costilla, el aumento en La Grande fue de 21.566%. Más de cuatro veces que lo que aumentó en otros lugares con los que se comparó. Los precios continuaron aumentando. Ni siquiera la cuarentena decretada a partir del 16 de marzo en el Zulia y en otras regiones de Venezuela a causa del Covid-19 los frenaron.  Entre el viernes 13 de marzo -tres días antes del inicio de la cuarentena- y el jueves 30 abril, los alimentos monitoreados aumentaron entre 91 % y 289 %.

Inés Pereira fue una de las que sufrió los aumentos de precios. Ella vivía en la Urbanización El Caujaro, en el municipio San Francisco, y dos veces a la semana se acercaba a comprar alimentos hasta que no pudo más. “Cada vez regresaba a la casa con menos cosas. Salía más barato comprar en las bodegas. Además, gastábamos mucho en pasajes. Las colas que se ven ahora son por la cuarentena, porque no dejan pasar a todos al mismo tiempo y la gente se aglomera. Podéis ir a comprar algunas cositas, como la sal o un arroz malo, pero barato. Con el resto de los productos te sacan los ojos”, asegura. Las palabras de la mujer de 72 años coinciden con las de otras tres personas consultadas para este reportaje.       

Los aumentos de precios que terminaron por vaciar las alacenas de las familias quedaron registrados: para principios de mayo de 2020, la carne de primera, de segunda y la costilla costaban lo mismo o eran más cara en La Grande, en comparación con otros comercios zulianos. Lo mismo ocurre con otros productos. Estos datos, se desprende tras un análisis realizado por Mediosur a partir de los monitoreos de alimentos en Maracaibo que realiza la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), y que facilitó para este trabajo.

Políticas que pasan factura

El mecanismo de rendición de cuentas de este tipo de establecimientos impulsados, apoyados y protegidos por el gobierno regional del Zulia es una incógnita. Se desconoce a detalle cuánto del monto invertido salió de las arcas del Estado; cómo y en qué se invirtió; de dónde proviene; cuál fue el mecanismo para aprobarlo; cuál es la participación del Estado y quién rinde cuentas, por ejemplo. La participación del Ejecutivo ha sido activa. Al menos así lo develó el gobernador a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales donde afirmó que “estos hipermercados van a seguir creciendo y van a tener financiamiento de nuestro estado”. Para este trabajo se buscó la versión del gobernador Omar Prieto, sin embargo, el jefe de prensa de la institución preguntó qué es Mediosur y no respondió más mensajes.

Juan Berríos, coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), comenta que las políticas de seguridad alimentaria van más allá del apoyo a uno o a varios establecimientos. “Hay una situación muy compleja que no se arregla con eso, sobre todo la política de seguridad alimentaria que de acuerdo con la Constitución no solo consiste en la regulación, sino también en la promoción de la producción y el comercio para que exista libre competencia. También tiene que ver con mejorar las condiciones de vida para que las personas tengan los ingresos suficientes para comprar los alimentos. Lamentablemente tenemos una economía rota, un país roto, y parece que no se piensa en la complejidad del problema sino en el beneficio de unos pocos”.

Para Berríos “esos esfuerzos que quizás puedan tener alguna intención final positiva”, no dejan de ser apoyos aislados como las bolsas o cajas CLAP y las bonificaciones a través del Carnet de la Patria. “No arreglan el fondo del asunto ni permiten a la mayoría tener acceso adecuado a los alimentos. La política de seguridad alimentaria debe ser compleja en cuanto a su definición, concepción y acciones a implementarse. Su propósito final debe ser que los hogares tengan una alimentación adecuada”.

Las deficiencias en el apoyo a los productores de alimentos, los bajos ingresos económicos de las familias, el alto costo de la vida que cada día aumenta y la depreciación de los pocos ingresos hacen que, en líneas generales, exista inseguridad alimentaria, de acuerdo al coordinador general de Codhez. “En Venezuela desde hace muchos años existe una política de expropiaciones. Hay inseguridad en las tierras donde se producen los alimentos e inestabilidad política. La mayoría de los hogares son muy pobres, no solo por sus bajos ingresos, sino también por las dificultades para acceder a servicios básicos como agua, electricidad, transporte y al suministro de combustible. Los principales responsables son las autoridades que hasta ahora se han dedicado a gestionar el país”.

Un país vacio

Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja. Una de cada tres personas en el país está en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia, estima el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su más reciente evaluación de seguridad alimentaria publicada el 23 de febrero. El PMA calcula que 2,3 millones de venezolanos (7,9 %) están en inseguridad alimentaria severa y otros 7 millones están en situación de inseguridad alimentaria moderada.

Los resultados del cuestionario de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) sobre la situación de los adultos, aplicada en Maracaibo en 2019 por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), mostraron una intensificación de la ansiedad por la carencia de alimentos y, sobre todo, un empeoramiento de la inseguridad alimentaria en las parroquias Bolívar, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Antonio Borjas Romero, San Isidro, Venancio Pulgar y Luis Hurtado Higuera, justo donde está ubicado el Hipermercado La Grande. En esa parroquia, en el 22 % de los hogares había una marcada tendencia a que los adultos solo comieran una vez al día en el 2019.

Seguros entre amigos

El Hipermercado La Grande está ubicado en el Centro Comercial Metrosol, donde antes funcionó un Abasto Bicentenario —que nació como una cadena de supermercado socialista tras expropiaciones chavistas— y que colapsó estrepitosamente siete años después.

La Grande no es el único en su clase. Existen al menos otros tres establecimientos similares que fueron inaugurados durante el 2018 en el Zulia, y en teoría, tienen el objetivo de “abastecer de alimentos a precios justo al pueblo”, según el gobernador de la región.

Omar Prieto no fue el único que habló durante la inauguración de La Grande. Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, también llegó a decir que este supermercado “es un regalo para el pueblo”. Hoy, sus palabras distan de esa realidad y la de los primeros seis días tras la apertura, en los que registraron la visita diaria de 3 mil 300 usuarios, según Danilo Nammour, empresario y gerente del lugar.

Los cambios drásticos han sido denunciados por usuarios de las redes sociales. Las quejas principalmente recaen por los altos costos de los productos. En Twitter pueden leerse denuncias como, “en el Hipermercado la Grande precios de locura y de hambre. Por la seguridad alimentaria del pueblo zuliano máxima supervisión de las autoridades. Si no ocupación temporal”. También, “es descarado como en los propios ojos de los clientes juegan con los precios, según la variación del dólar, se toma un articulo a un precio y lo pagas en caja a uno mayor”. La lista sigue y los reclamos trascienden el plano regional. Los clientes incluso han elevado sus denuncias hasta las autoridades nacionales, como Nicolás Maduro, Tareck William Saab, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López.

Pese a este clamor, no se encontró ningún registro de inspección o fiscalización al establecimiento por parte de instituciones como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), aunque estos sí actuaron en otros lugares por motivos similares atendiendo las denuncias por esa misma vía.

La Grande exhibe desde hace varias quincenas habladores con los precios dolarizados de los productos. No solo de muebles, lubricantes, cereales, leche en polvo o snacks, sino también de otros que consume buena parte de la población, como arroz, pasta, azúcar, harina y granos. Algunos productos ni siquiera tienen precio en bolívares en las máquinas donde los clientes consultan su costo, por lo que deben acercarse hasta las cajeras para saberlo.

Las marcas de productos importados de países como Turquía, China, EEUU, Colombia, Ucrania y Guyana, sin permiso sanitario visible, inundan los anaqueles. En algunos rubros su presencia contrasta con la disponibilidad de las marcas locales. Durante una de las visitas realizada para este trabajo se pudo constatar de que por ejemplo, de siete marcas de aceite que ofertaban, seis eran importadas y de esas solo una tenía registro sanitario visible.               

Varias de estas marcas, como las de la pasta Turca, el arroz de Guyana y el azúcar de Brasil, son las mismas que importan empresarios relacionados con Maduro para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Alimentación condicionada

Desde sus inicios se asomó la posibilidad de que, con el tiempo, las familias con menos recursos económicos perderían el poder adquisitivo en el hipermercado. Para poder acceder a los productos preferenciales se debía hacer una compra “porque era una forma de declararle la guerra al bachaquero”. Por citar un ejemplo, para comprar una bandeja de carne o más, los clientes estaban obligados a comprar 107

artículos adicionales. Lo mismo sucedía para comprar el café, que para febrero de 2019 se exigía la compra de cuatro productos más.

La imposición no pasó desapercibida y los clientes se quejaban con las cajeras y el resto de los empleados. Hasta un artículo titulado “Las Lombrices de la ambición del Hipermercado La Grande” fue publicado en el sitio web de izquierda Aporrea.

Ahora el denominado hipermercado “más grande” de la ciudad es un establecimiento en el que compra un reducido sector de la población por los altos costos de sus productos, pese a que la presencia del Estado permea en su  estructura.

El hipermercado es muy distinto a la mayoría de los supermercados en Venezuela, que en medio de la hiperinflación, escasez, empobrecimiento de la población, control de precios y de cambio, lucen devastados. El lugar está iluminado, es frío y se escucha música de fondo mientras haces las compras. Con frecuencia algunas personas se toman selfies con sus iPhone y observan con detenimiento los muebles coloridos ubicados donde antes permanecía estacionado un auto de carreras.

Pese a que ni María ni sus vecinos van en la actualidad al lugar donde podían comprar algunos alimentos y que los ilusionó con la promesa gubernamental de que “llevaría a los consumidores productos de calidad y a los precios establecidos desde el ejecutivo nacional”, aún anhelan regresar. Por ahora es un deseo lejano: el salario mínimo de 250 mil bolívares que rigió en Venezuela hasta el 30 de abril apenas alcanzaba ese día para comprar 250 gramos de queso semiduro en el Hipermercado.