Nota de prensa
Luego de realizar un exhaustivo seguimiento al trabajo emprendido por la llamada “Comisión para la Reforma del Poder Judicial”, Una Ventana a la Libertad determinó que la mencionada instancia, no logró en 60 días acabar con el hacinamiento que existe en los calabozos policiales de todo el país Durante el primer semestre de este año 2022 al menos 62 reclusos que estaban detenidos en calabozos policiales en Venezuela murieron.
Al igual que el año anterior, Una Ventana a la Libertad confirmó que la principal causa de muerte en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela, son las enfermedades. A través de un Informe Especial, las organizaciones no gubernamentales Una Ventana a la Libertad y Cecodap, revelan, entre otras cosas, la complejidad que caracteriza el proceso penal en aquellos casos de adolescentes que incurren en hechos punibles como robos u homicidios.
Las mencionadas Asociaciones Civiles explican que los casos de los y las adolescentes infractores resultan muy difíciles de atender y solucionar porque los mismos deben ser ventilados ante el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (SIPRA), el cual está integrado por 14 entes públicos. Las organizaciones destacan que este complejo procedimiento está vigente desde el año 2015 cuando se llevó a cabo una Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
“El instrumento legal no aclara cuál es el ente rector en la materia, por lo que la articulación, promoción y creación de políticas públicas especializadas para esta población queda diluida en esfuerzos intermitentes entre los integrantes del SIPRA”, indica el documento.
El SIPRA está diseñado para atender a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer un hecho punible o estar en conflicto con la ley penal venezolana. Los organismos que conforman el SIPRA son, entre otros, la Sala Constitucional, la Sala de Casación Social y la Sección de Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, los ministerios para el Servicio Penitenciario, con competencia en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, Juventud y Educación, el
Servicio Autónomo de Defensa Pública, la Policía de Investigación y la Defensoría del Pueblo.
A efectos de lograr una mejor comprensión del problema el Informe Especial, titulado “Patrones de violación de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal (2017-2024)” está dividido en cinco capítulos: Marco Legal, Conformación del SIPRA, Ausencia de datos, Reportes publicados por UVL y la Contraloría social.
Casi una década sin cifras oficiales
La investigación constató que resulta difícil hacer contraloría social en torno al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal debido a que hay un evidente vacío de información y no hay rendición de cuentas por parte de los entes del Estado. “Por tanto, mantener un diagnóstico actualizado, completo, detallado y apegado a la realidad que se vive es imposible”, precisa el informe. Agregan que una de las dudas más importantes que existe en relación al SIPRA es cuántos adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentran en dicho sistema.
Según información aportada por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, es decir, casi una década atrás, la distribución total de la población que cumplía medida de privativa de libertad y no privativa de libertad en el SIPRA era de 6.828 adolescentes. “De ese total 2.052 cumplía medida privativa de libertad y 4.776 cumplía medida no privativa de libertad”, se lee en el documento.
Las cifras reveladas por el ministerio para Asuntos Penitenciarios difieren de las que tenía para aquel momento (2015) la Defensoría del Pueblo. El despacho ministerial reportó que en las 32 entidades de atención a su cargo existían 4.448 adolescentes en conflicto con la ley penal.
Según un informe realizado en el año 2015 por la Defensoría del Pueblo los delitos más frecuentes cometidos por los adolescentes son los siguientes: robo en todas sus modalidades, homicidios, drogas, abuso sexual, secuestros y otros. No obstante, los medios de comunicación social, ordenan los delitos cometidos por los y las adolescentes de la siguiente manera: homicidios, hurto, abuso sexual, robo, drogas, lesiones, posesión de armas y otros.
Según la ley, en Venezuela existen dos tipos de entidades de atención para adolescentes en conflicto con la ley penal: 1) Entidades de atención para adolescentes con medidas socioeducativas no privativas de libertad y 2) Entidades de atención para adolescentes con medidas socioeducativas privativas de libertad.
Patrones de violación de derechos
De acuerdo a la investigación realizada por Una Ventana a la Libertad y Cecodap en Venezuela existen patrones de violación de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los derechos más vulnerados son los siguientes: Dignidad, Derecho a ser escuchado, Defensa, Juicio educativo, Separación de personas adultas, Discapacidad, Irregularidades en el proceso, Clasificación, Debido proceso y presunción de inocencia.
El documento revela que las garantías establecidas en el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (SIPRA) se cumplen parcialmente y que los jóvenes participan activamente en motines y fugas.
Recomendaciones ignoradas
Desde el año 2012 la Defensoría del Pueblo ha realizado recomendaciones a efectos de mejorar la situación que viven los adolescentes que incurren en delitos penales.
Cabe destacar que en el informe del año 2021 del mencionado organismo dichas recomendaciones se mantenían.
Algunas de las indicaciones son las siguientes: 1) Gestionar que los planes y programas en las entidades de atención socioeducativas conserven los postulados de la doctrina de la protección integral, 2) Realizar la construcción de la entidad de atención socioeducativa para programas con medidas de privación y no privación de libertad, 3) Fortalecer las políticas públicas para la prevención de la delincuencia adolescente y juvenil y 4) Diseñar planes y programas para la atención de los y las adolescentes.