Nota de prensa
De acuerdo al más reciente informe elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), durante el año 2023, los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad, es decir, bajo custodia del Estado venezolano, siguen muriendo de complicaciones respiratorias, tuberculosis, desnutrición, cáncer e infartos, entre otras enfermedades.
A través del Informe Anual “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela 2023” la ONG indicó que al menos 17 personas, recluidas en centros de detención preventiva o retenes policiales, fallecieron por razones de salud: 8 durante el primer semestre y 9 durante el segundo semestre 2023. Durante este periodo falleció otro detenido que se había fugado y fue recapturado.
La organización llama la atención sobre la violencia auto infligida y destaca que en el año 2023 se registraron 5 casos de suicidios dentro de algunos calabozos policiales.
“La cifra de suicidios es tan alarmante que podemos compararla con la de los casos de tuberculosis”, se lee en el informe.
La investigación revela también que un privado de libertad, recluido en un calabozo policial, murió luego de recibir un golpe en el abdomen.
Prisiones con similar precariedad
En cuanto a las cárceles, prisiones o internados judiciales, la situación de precariedad es similar.
UVL logró registrar la muerte de 19 hombres en estos lugares: Complicaciones pulmonares/ respiratorias (7), Hemorragia digestiva (1), Meningitis (1), Paludismo (1), Tuberculosis (8) y Tumor cerebral (1). A esta cantidad hay que sumarle el fallecimiento de tres mujeres: tuberculosis (1), cáncer (1) y desnutrición (1).
“La mayor parte de estas enfermedades pueden ser controladas o erradicadas, pero el hacinamiento, la falta de ventilación en las celdas y la ausencia de enfermerías acentúa e incrementa la aparición de estas dolencias”, indica el documento.
La tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa que persiste entre la población reclusa venezolana, cobra fuerza y se expande con facilidad por el nivel de hacinamiento, porque las celdas no tienen suficiente ventilación, porque en estos lugares escasea el agua potable, porque los presos no son expuestos con frecuencia a la luz solar y porque los enfermos conviven con los sanos.
Hacinamiento a niveles alarmantes
El año 2022 culminó con un total de 16.837 personas detenidas en calabozos policiales: 15.280 hombres (90,7%) y 1.557 mujeres (9,3%). Este año cerró con un hacinamiento de 176,2%.
Durante el primer semestre del 2023 Una Ventana a la Libertad logró monitorear la situación de 282 calabozos policiales a nivel nacional y 293 en el segundo semestre.
La organización indica que al evaluar detenidamente la situación en estos lugares determinó que al cierre del año 2023 el hacinamiento en los centros de detención preventiva alcanzó la cifra de 189,31%.
En el caso de la población femenina, el hacinamiento fue del 832,39% en el 2023.
Comisión presidencial no ha alcanzado el objetivo
UVL recuerda que el 21 de junio de 2021 se creó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, la cual debía resolver en 60 días el grave problema de hacinamiento existente en los calabozos policiales del país. Pasados tres años la organización considera que el mandato no ha cumplido con el objetivo que se planteó.
Destaca que en el año 2021 fueron liberados 6.390 detenidos (2,35% ) y fueron trasladados 2.066 (2.43%). “Los datos numéricos parecen grandes, pero los porcentajes dicen lo contrario”, indica el informe.
La organización considera que el año 2022 fue el más exitoso en este sentido: liberados 7.930 (9.15%) y trasladados 2.871 (4,78%) y en el año 2023 los índices bajaron significativamente: liberados 453 detenidos (2,59%) y trasladados 479 (2,74%).
“El gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, pero eso no resolvió el problema de hacinamiento en los retenes policiales”, precisa el documento.
Agrega que el llamado Plan Cayapa tampoco cumplió con las expectativas anunciadas.
TBC y VIH, Enfermedades persistentes:
Una vez más Una Ventana a la Libertad destaca en su informe anual que la tuberculosis encabeza el problema más grave de salud que presentan los privados de libertad en Venezuela.
Al detallar las enfermedades que padecen los presos y presas en Venezuela la organización explicó lo siguiente:
Primer semestre 2023: TBC: hombres 318 casos, mujeres 14 casos, Escabiosis (sarna): hombres 660 casos, mujeres 43 casos, Gripe: hombres 1019 casos, mujeres 33 casos, Covid 19: hombres 17 casos, mujeres 2 casos, VIH-SIDA: hombres 44 casos, mujeres 1 caso, para un total de 2.151 personas enfermas.
Segundo trimestre 2023: TBC: hombres 338 casos, mujeres 15 casos, Escabiosis (sarna): hombres 572 casos, mujeres 21 casos, Gripe: hombres 803, mujeres 50 casos, Covid 19: hombres 5 casos, mujeres 0 casos, VIH-SIDA: hombres 50 casos, mujeres 2 casos, para un total de 1.856 personas enfermas.
La investigación indica que en los retenes policiales también existen otros trastornos de salud como cáncer de mama, accidentes cerebro vasculares, esquizofrenia, hipertensión, parálisis cerebral, tumores cerebrales, complicaciones respiratorias/pulmonares, infecciones bacterianas y mastitis.
La falta de baños, la existencia de letrinas improvisadas y la acumulación de heces fecales y basura dentro de las celdas contribuye a que los detenidos se enfermen con frecuencia. Es obvio que dentro de estos lugares hay todo tipo de animales rastreros además de moscas, zancudos y cucarachas.
“El aseo urbano puede tardar hasta una semana en llegar lo que facilita la putrefacción de los residuos biológicos”, precisa el informe.
Mujeres detenidas
UVL destaca que al cierre del 2023, 2.028 mujeres se encontraban recluidas en centros de detención preventiva. Agrega que solo existen 12 calabozos policiales a nivel nacional exclusivos para ellas, 74 exclusivos para hombres y el resto, es decir, 207 retenes son mixtos.
“Solo en 3 centros de detención preventiva, a nivel nacional, se les entrega papel toilette y toallas sanitarias a las mujeres detenidas”, refleja la investigación.
La organización llama la atención sobre el hecho de que las mujeres no tienen derecho a recibir visitas conyugales, sin embargo, algunas de ellas están embarazadas. “O ingresan embarazadas o fueron embarazadas durante su estadía en el calabozo policial”, indican los investigadores.
Explica UVL que por lo general a las mujeres detenidas se les ubica en precarias oficinas convertidas en celdas, cuando ingresan o quedan embarazadas no se les presta atención médica adecuada y solo se les traslada a un centro asistencial cuando se presenta el alumbramiento.
Por cierto, la familia de los detenidos (víctimas por parentesco) son los únicos responsables de la sobrevivencia de todos los detenidos y detenidas.
Madres, esposas, hermanas y concubinas son las que suministran alimentos preparados, alimentos para preparar, ropa, calzados, agua potable, productos de aseo personas, productos de limpieza para las celdas y hasta pagan los traslados en carros particulares cuando el detenido (a) debe ir a un centro asistencial.
Colapso de la democracia
Una Ventana a la Libertad considera que la grave situación penitenciaria del país se mantiene debido a que todas las normas a cumplir requieren, para su ejecución, la existencia de un gobierno democrático.
“Aquí está el problema, los privados de libertad sobreviven no solo al hacinamiento y a las pésimas condiciones de reclusión sino al colapso de la democracia y de toda su institucionalidad”, aseguran.
A manera de reflexión final la organización sugiere la convocatoria de expertos (as) en políticas públicas penitenciarias, que se cumpla el debido proceso y poner fin a la violación de los derechos humanos de las personas detenidas o presas y sus familiares.