Nota de prensa | Foto principal: Marcos Valverde.

La contaminación por mercurio es una grave amenaza para la vida, salud y futuro de millones de personas al sur de Venezuela, en particular de los grupos más vulnerables. A pesar de ello, la organización Clima21 afirma que el Estado venezolano no está realizando acciones efectivas para proteger a las personas y evitar que esta contaminación siga creciendo.

«El crimen lento: Situación de los grupos vulnerables frente a la contaminación por mercurio en la amazonía venezolana» es el último informe publicado por la ONG que recoge la información disponible para visibilizar la violencia que sufren los grupos vulnerables al sur del país como consecuencia de la contaminación por mercurio.

Según especialistas consultados para el informe el mercurio es de uso generalizado en toda la región y no existen esfuerzos consistentes para controlar su comercialización y uso, así como para educar a las personas en riesgo y atender a las personas afectadas.

 Foto: Marcos Valverde.

Aunque no hay información epidemiológica disponible, hay evidencia testimonial verosímil de que el mercurio está afectando gravemente la salud y la vida de muchas personas en las zonas mineras y amenaza a millones en toda la región, aún aquellos que viven lejos de las zonas de explotación de oro.

Esta situación ocurre a pesar de que el Estado venezolano está obligado por convenios internacionales y la legislación nacional a proteger a todas las personas en riesgo y en particular a los grupos vulnerables.

Alejandro Álvarez, Coordinador General de Clima21, afirmó que el Estado venezolano debe cumplir con su compromiso de ratificar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y establecer un plan nacional para la reducción y eventual eliminación del uso del mercurio en la explotación del oro en el país, así como suministrar asistencia médica a todas las personas afectadas.

 Foto: Marcos Valverde.

El informe también denuncia que la contaminación por mercurio y sus efectos debe considerarse como una forma de violencia que está siendo ejercida sobre la población, junto con otras que están golpeando a las personas que habitan en las zonas mineras del país.

Este informe espera convertirse en un estímulo para la acción de todas las personas e instituciones que deseen comprometerse con el futuro del país y de la región Amazónica.

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