Nota de prensa
La agudización de la Emergencia Humanitaria en Venezuela es un fenómeno que no pasa inadvertido y cuyas consecuencias son devastadoras. Cada vez son más amplias las brechas de desigualdad en la población mientras que la respuesta humanitaria y el trabajo de las organizaciones sociales se ve comprometido con la amenaza de la aprobación de una ley que pretende ilegalizarlas. Para conversar sobre esto, el Observatorio Social Humanitario (OSH) reunió a dos expertos este 7 de marzo en un encuentro virtual.
Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM Venezuela advirtió que en 2023 lograron identificar a un grupo que está por el orden de los 14 millones de venezolanos con necesidades críticas. “Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”.
Agregó que alrededor de 4 a 5 millones de personas estarían con necesidades severas, “que es el grupo que de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”.
El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empieza a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permite su instalación en el país. Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que terminan afectando directamente a la población más vulnerable.
La clave son los salarios
Para el economista Omar Zambrano, de la firma Anova, la emergencia humanitaria “no sólo no retrocedió en estos años de supuesta recuperación económica, sino que más bien se ha ido agravando y profundizando”.
Zambrano sostuvo que se trata de un un episodio de recuperación no productiva y considera que es clave la recuperación de los salarios. “Las condiciones de vida de las personas en las sociedades modernas dependen fundamentalmente de la evolución de los ingresos laborales, de los salarios, de lo que gana la gente por el intercambio de su trabajo en el mercado laboral. Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene todo que ver con lo que pasó en el mercado laboral” insistió.
Explicó que las “burbujas económicas” son un síntoma de lo limitado que es el proceso de recuperación económica que hemos estado observando y que solo generan bienestar un sector y no para las grandes mayorías. “No es que no se está recuperando la economía, sí, se está recuperando una parte de la economía, pero lo que se está recuperando es tan pequeño y tan limitado desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista territorial, que este brote verde de la economía venezolana, es total y absolutamente insuficiente para generar bienestar para mucha gente. Mucha gente continúa excluida de los beneficios de este supuesto crecimiento” dijo.
Recordó que pasamos de una situación de escasez absoluta en la mayoría de los bienes básicos en el 2016-2017, y que actualmente estamos en una situación donde los anaqueles se volvieron a llenar. “Eso ha dado una sensación general de bienestar, de avance. Pero el argumento que yo hago es que lo que ha pasado sigue siendo absolutamente limitado en términos sectoriales, es decir, esto no pasó en toda la economía venezolana, esto pasó única y exclusivamente en un sector, en el sector de comercialización de bienes y servicios, y no en todo el territorio, sino en las tal vez diez o doce grandes ciudades de Venezuela”.
Una ley que amenaza a las organizaciones
Con este panorama, las organizaciones que asisten a la población vulnerable resiste bajo unas condiciones de amenaza generales en las que inicialmente se desconocía el carácter legítimo de la sociedad civil, y por lo tanto, al no ser legítimo, entonces el Estado se atribuía la facultad de poder retirar, separar, excluir a organizaciones autónomas de cualquier circuito de decisión pública.
Para el coordinador de HUM Venezuela la situación actual responde a un proceso de estigmatización y criminalización profundo a quien ejerce la autonomía de autoorganizarse y actúa dentro de la sociedad civil. “Se elevó a una escala mayor de ataque constante en los discursos, en las órdenes que se daban, hacia las ONG, de hecho, el Estado ha utilizado la etiqueta de ONG para reunir ahí todos estos estigmas que utiliza contra la sociedad civil, en todos los sectores del Estado” recordó.
Advirtió que las discusiones sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines “buscan declarar inexistente a todas las asociaciones civiles, no importa de que sector sea, es decir, las actas que firmen las asociaciones quedarían invalidadas hasta que se pongan a derecho con la ley”, explicó D’Elia.