La población LGBTIQ+ adolece de la atención, protección, acceso a sus derechos humanos y de políticas públicas que debería garantizarles el Imsema desde su creación en el 2021. El Instituto no tiene sede ni presencia digital y sobre la junta directiva existen dudas y ambigüedades.
Por: Francisco Rincón (@frajorim)
Edwin González alza un cartel escrito frente a la Alcaldía de Maracaibo que dice “funcionalidad para el IMSEMA”. En su cuenta de X el dirigente estudiantil y coordinador general de Ecos de Venezuela, una plataforma de visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, refuerza su mensaje con publicaciones en las que denuncia que “el Instituto Municipal para la Sexodiversidad de Maracaibo sigue sin tener gestión ni funcionalidad”.
Corría la primera quincena de febrero del 2021 cuando medios de comunicación locales y cuentas en redes sociales replicaron una noticia histórica: el Concejo Municipal de Maracaibo aprobó en primera discusión la ordenanza de creación del Instituto Municipal para la Sexodiversidad (Imsema), que estaría adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía, en ese entonces ambas instituciones controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“En nuestras experiencias, que empezamos a investigar, no encontramos un instituto en toda Latinoamérica (…)”, aseguró Selene Estrach, para la fecha directora general de Desarrollo Social y pareja del entonces Alcalde de Maracaibo Willy Casanova.
El proceso continuó y casi cuatro meses después, en junio, quedó aprobada en segunda discusión la ordenanza y con orden de ejecútese en la Gaceta Municipal de Maracaibo Nº 099-2021 firmada por el presidente del Concejo Municipal, el Secretario Municipal y el Alcalde Casanova.
En el país, las personas LGBTIQ+ son víctimas de discriminaciones y violencias a diario. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ documentó en uno de sus boletines que solo entre enero y abril del 2023, registraron 60 casos de violencia en más de 12 estados. De esos, al menos cuatro fueron en Zulia. Con respecto a dos crímenes documentados, el Observatorio destaca que ambos ocurrieron en Zulia, donde resultaron afectadas dos mujeres trans Wayúu, una de ellas fue fuertemente agredida y asesinada en el Casco Central de Maracaibo, y la otra sufrió severas agresiones físicas y fue robada.
Transformación desdibujada
Con un Instituto Municipal para la Sexodiversidad público, descentralizado y con patrimonio propio adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía, activistas y otras personas de la comunidad esperaban cambios positivos para miles de vida.
Y se cobijaban en el mandato que establece la norma jurídica: el objeto, naturaleza y competencias del Instituto es atender, proteger y promover el desarrollo de la comunidad LGBTIQ+, el ejercicio pleno de la ciudadanía y su acceso a los derechos humanos, además de ser el ente rector de las políticas públicas dirigidas a la comunidad sexo diversa y encargado de la coordinación, formulación, programación y evaluación de las mismas.
“A diario nos enfrentamos no solo a los retos que implica el complejo contexto económico, político y social en el país, sino también a problemas, dificultades y retos específicos por ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Somos víctimas de discursos de odio que buscan criminalizarnos, satanizarnos, estigmatizarnos y vincularnos con criminales para perpetuar la discriminación. El Instituto fue un logro, somos pioneros, por lo menos a nivel teórico, en legislación… al menos en el papel”, recuerda Carlos Josué Freites, ingeniero químico y presidente de la ONG Afirmación Venezuela.
Sin embargo, a partir der la creación del Instituto, las certezas se convirtieron en silencios, ambigüedades y dudas.
Del primer semestre desde la creación del Imsema, cuando Willy Casanova aún era Alcalde, quedan pocos recuerdos y casi ninguna evidencia sobre su funcionamiento e impactos en la comunidad. La cuenta en Instragram de Instituto fue eliminada y en internet apenas aparecen menciones sobre sus labores, como una jornada social integral en la que participó el Instituto -pero sin mencionar ningún detalle-, según una nota de prensa de la Alcaldía.
Cambios políticos sin gestión
El 3 de diciembre de 2021 fue juramentado como nuevo Alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina, del partido Primero Justicia, tras resultar electo el 21 de noviembre. Con su promesa de “atender a la ciudad con la preparación de todo un equipo de servidores públicos que siempre tengan como norte claro brindar soluciones y respuestas a los marabinos”, resurgieron las expectativas de las personas LGBTIQ+ de contar con un Instituto en pleno funcionamiento.
Pero casi dos años después de la elección de Ramírez el Instituto sigue sin funcionalidad ni gestión. Ni siquiera existen registros del Instituto en las páginas web y redes sociales de la Alcaldía de Maracaibo ni en la de la Dirección General de Desarrollo Social, a diferencia de otros Institutos adscritos que sí están activos.
Entre las teorías del por qué el Instituto no tiene funcionalidad ni gestión, personas familiarizadas con el tema -a falta de respuestas oficiales-, destacaron la influencia de grupos conservadores sobre los poderes públicos, los dogmas religiosos, los prejuicios, lineamientos políticos y la ausencia de visiones que prioricen las necesidades de la población LGBTIQ+.
“El sistema está diseñado para que siempre nos vulneren los derechos de manera sistemática. Nosotros existimos. Queremos vivir, salir a la calle y sentirnos seguros. Tener oportunidades de empleo, salud integral y que todos nuestros derechos sean garantizados”, aseguró González.
La ausencia como norma
Otra problemática que resaltan activistas es que el Instituto carece de una sede además de la ambigüedad y opacidad desde su creación sobre la junta directiva que, de acuerdo a la ordenanza, debe estar conformada por un presidente, un vicepresidente, un administrador (designados todos por el Alcalde); un vocal designado por la Dirección General del Sistema de Gobierno Popular y otro por el Concejo Municipal de Maracaibo.
Solo se conocen de manera extraoficial dos presidentes del Imsema. El primero (durante la gestión de Willy Casanova), Yendri Suarez, militante oficialista del Movimiento Somos Venezuela que en sus redes sociales se define como ecologista sexodiverso y en su perfil de Linkedin destaca su experiencia al frente del Instituto; mientras que el segundo, presentado como tal a los activistas y actualmente en el cargo, es Jhon Jiménez, contador público con maestría en administración de empresas que en sus redes sociales se identifica como vicepresidente de organización de Primero Justicia en la Parroquia Chiquinquirá de Maracaibo y que pertenece al equipo de Desarrollo Social de la Alcaldía.
Cuatro fuentes consultadas de manera independiente no han podido acceder al documento con su designación oficial por parte del Alcalde Ramírez y, además de las dudas que ya tienen, les genera “ruido” que en una publicación en redes sociales de la Dirección General de Desarrollo Social lo felicitaron por su cumpleaños presentándolo como Coordinador Integral Administrativo y no como presidente del Imsema.
Sobre el resto de la Junta Directiva, en el gobierno de Casanova y en lo que va del periodo del Alcalde Ramírez, no se encontraron otras designaciones oficiales.
Una fuente conocedora de la dinámica interna del Concejo Municipal relató off the record que no han designado el vocal que le corresponde y nunca han tocado nada sobre el Instituto. “Ni siquiera he visto una gaceta de designación de la directiva ni el organigrama. Tocar los temas de la comunidad LGBTIQ+ es delicado en la ciudad, es muy complicado. Algunos grupos evangélicos, principalmente, tienen mucho poder e influencia”.
Para este trabajo se solicitó información el 16 y 19 de octubre vía WhatsApp y correo electrónico a Sara Fernández, Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldía de Maracaibo y a Jhon Jiménez, presidente el Imsema, quienes contestaron amablemente que atenderían las preguntas, pero al cierre de este trabajo aún no se obtenían las respuestas.
Esperanzas y exigencias de cambio
Kyara Madrid Lugo, activista trans con estudios en turismo, derechos humanos y administración y directora de la Asociación Civil Ciudadanía Diversa (CIUDIVER ), lamenta que el Instituto no atienda a una población que tanto lo necesita.
“En varias oportunidades intentamos hacer el enlace con el Instituto, les enviamos mensajes y nunca nos respondieron. Estamos igual que siempre. No tenemos a dónde dirigirnos en casos de violencias. Tenemos un Instituto solo en letras”.
Las personas LGBTIQ+ de Maracaibo siguen anhelando los espacios para el debate, reflexión y formación; las asesorías, asistencia y representación jurídica; la atención médica y en materia de salud sexual; la promoción y divulgación de sus derechos, y las agendas recreativas que debe asegurarles el Instituto.
El presidente de Afirmación Venezuela no pierde las esperanzas de que la institución funcione. “Lo maravillosos es la amplitud del espectro en el cual puede y debe actuar el instituto en favor de generar mejores condiciones para la comunidad y su protección. Podría abordar muchas de las necesidades más urgentes que tenemos. Mientras no se trabaje para mitigar los factores que influyen en la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ+ estas seguirán ganando terreno y ocurriendo. Las ONG seguimos dispuestos a trabajar junto al Imsema. Exigimos que la ordenanza y otras leyes aprobadas que amparan a la comunidad LGBTIQ+ se cumplan plenamente”.