El año 2020, con la aparición de la pandemia por COVID-19 en el mundo, fue todo un reto.

Así lo asienta la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su más reciente presentación de su Informe Anual 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en la entidad zuliana.

La presentación vía virtual este martes, 1 de junio, estuvo liderada por Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez, y Loiralith Chirinos, coordinadora de documentación de la Comisión.

Ambos hicieron un recorrido por los cinco apartados que componen el informe: la pandemia en el Zulia, los derechos a la integridad personal, la emergencia humanitaria compleja, los derechos de los pueblos indígenas y, agregado recientemente, el derecho a la educación y los derechos ambientales.

Conclusiones: la pandemia ha agravado la precaria calidad de vida en la región zuliana, una crisis que se debe a problemas de gran envergadura que requieren acciones inmediatas pero sostenibles y sustentables, de acuerdo con Codhez.

Pese al confinamiento y la cuarentena con distanciamiento social decretada por el Gobierno nacional, como lo describe el informe, Codhez realizó un gran esfuerzo desde las plataformas digitales para continuar con la promoción, difusión y defensa de los Derechos Humanos.

La pandemia en el Zulia

Si bien la pandemia llegó para cambiar las rutinas de los ciudadanos, lo cierto es que las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar la propagación del virus tampoco fueron las ideales.

Para Codhez, “lejos de generar tranquilidad provocó incertidumbre en la población”.

En el caso muy notorio de la gasolina, por mencionar uno, las denuncias fueron múltiples en 2020, entre ellas, que durante los primeros días de la emergencia en las estaciones de servicio tanto sus empleados como funcionarios militares requerían hasta un millón de bolívares para despachar combustible.

A su vez, con la escasez del combustible y la confusión después de que el Ejecutivo regional prohibiera su venta, vinieron los obstáculos que intensificaron y perjudicaron la distribución oportuna de alimentos en muchos sectores de la región zuliana.

Esto porque los productores en las zonas de producción agrícola y pecuaria en el Zulia estaban imposibilitados de transportarlos por la falta de combustible, una situación que impacta en la disponibilidad y precio de los alimentos.

En paralelo, las medidas de protección básicas tampoco fueron acatadas a cabalidad por los habitantes. Codhez registra que se reportaron reuniones de vecinos sin cumplir con el distanciamiento social, e incluso, que algunas iglesias protestantes continuaban de puertas abiertas.

Derechos a la integridad personal

De acuerdo con Codhez, “las autoridades gubernamentales han tomado medidas coyunturales, desordenadas y fuera de contexto, desbordándose la masiva y sistemática violación de los derechos humanos que resulta de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, en medio de la evidente erosión del estado de derecho y la democracia”.

En 2020, Codhez verificó en total 419 hechos violentos, lo que se traduce en una disminución de -15,69 % de casos en comparación con 2019. Y, en cuanto al número de muertes ocasionadas por cuerpos de seguridad del Estado en 2020 se registraron 586 fallecimientos, es decir, -10,81 % menos que hace un año.

Sin embargo, solo en el municipio Maracaibo se produjeron 239 de estas muertes. Le siguieron San Francisco (77), Baralt (19), La Cañada de Urdaneta (43), Cabimas (60), Miranda (17), Jesús Enrique Lossada (29), Lagunillas (11), Colón (21), Machiques de Perijá (6), Rosario de Perijá (4), Simón Bolívar (10), Mara (3), Valmore Rodríguez (6), Guajira (9), Santa Rita (18), Catatumbo (7), Jesús María Semprún (3), Sucre (2) y Almirante Padilla (1).

El Servicio de Investigación Policial del Estado Zulia (SIPEZ) estuvo involucrado en 130 de estas muertes, en tanto, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en 77 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en 76, y el Equipo de Respuesta Especial (ERE), en 46.

Para la Comisión es importante destacar el contexto de cuarentena social y colectiva vigente desde marzo de 2020, que obligó al confinamiento de la población para evitar la propagación de Covid-19. Y la situación supone la desprotección y vulnerabilidad del derecho a la vida e integridad física de las personas habitantes del estado Zulia, mostrando una inobservancia a mandatos internacionales y nacionales en cuanto a la garantía de estos derechos.

Emergencia Humanitaria Compleja

Como panorama general, Codhez describe que el 2020 se caracterizó por la agudización de los problemas generales en el Zulia. Las dificultades para el acceso y la disponibilidad de alimentos, la mala prestación de los servicios públicos y el persistente problema de escasez de combustible, hacen que el panorama diario de sus habitantes represente un constante desafío de supervivencia que complica la emergencia humanitaria compleja que padece la región.

“El bienestar individual y colectivo de los marabinos prácticamente es nulo, y por tanto, su calidad de vida muy precaria. La situación empeora con los obstáculos e inconvenientes que existen para el acceso oportuno y la disponibilidad permanente de los alimentos en la región, todo lo cual repercute de forma directa en los derechos humanos a la salud y a una vida digna”, describe el informe.

Esto se ha visto reflejado en los índices de inseguridad alimentaria, la escasez y sobreprecio de alimentos, donde todavía muchas familias sigan teniendo graves necesidades y limitaciones para acceder a una dieta y alimentos adecuados.

Por otra parte, la comisión registra que la deficiencia de los servicios públicos continúa siendo una de las preocupaciones que aquejan a la ciudadanía.

En la Fundación Rehabilitarte, un reciente sondeo indicó que 51 % de los encuestados zulianos experimentó de manera frecuente una sensación de intranquilidad, lo cual se asocia con síntomas de ansiedad. | Foto: Iván Ocando para Rehabilitarte

“Durante 2020, la crisis de los servicios de energía eléctrica, agua potable, suministro de gasolina, transporte público, gas doméstico y aseo urbano ha sido un obstáculo diario para el normal desenvolvimiento de las actividades comunes en el Zulia, evidenciándose de forma directa en la precarización de la calidad de vida”, destacan.

Si se añaden las condiciones experimentadas a partir de marzo de 2020, el empeoramiento del panorama es notorio: “el temor al contagio de Covid-19, así como los constatados obstáculos para el acceso a los alimentos, han impactado de forma grave en la calidad de vida, generando una sensación de desesperanza en la población”.

Pueblos indígenas, invisibilizados en medio de la emergencia

En el cuarto capítulo del Informe Anual, Codhez describe la situación por la que atraviesan los pueblos y comunidades indígenas del occidente, que es, en extremo, alarmante.

Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección por la grave situación que padecen las comunidades wayuu y añú, debido a la casi nula prestación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, así como la indisponibilidad e inaccesibilidad de alimentos, intensificadas desde marzo de este año con la pandemia de Covid-19.

Codhez resalta que este panorama de abandono ha sido constante durante años, y el Estado venezolano ha hecho caso omiso a las múltiples exigencias y reclamos de atención, lo que determina una flagrante violación de sus derechos humanos.

Educación y medio ambiente, en retroceso

Según el Informe Anual, durante 2020 “se mostraron francos retrocesos en la realización del derecho a la educación y los derechos ambientales en la región, como consecuencia de la inercia estatal en estos temas transcendentales para el desarrollo individual y colectivo”.

Con la activación del plan Cada Familia Una Escuela, que pretendió sustituir los programas educativos desarrollados en las aulas de clases por actividades virtuales realizadas en el hogar, como medida asociada a la cuarentena social y colectiva implementada por la administración de Nicolás Maduro, la educación quedó “a la suerte”.

Para la ejecución del plan se requieren como elementos básicos tanto un servicio continuo de energía eléctrica como el acceso permanente a internet. En la mayoría de los municipios de la región no se cuenta con estas condiciones, y la mayoría de sus habitantes tampoco dispone de dispositivos móviles o computadoras.

Eso aunado a la situación precaria de los maestros y docentes, cuyo salario se ubicaba, para julio de 2020, en Bs. 1.500.000,00, equivalentes a $ 6,50 en ese momento, según la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Y también, teniendo en cuenta la precaria situación del alumnado, reflejada en las categorías anteriores.

En cuanto a medio ambiente, un apartado agregado recientemente por Codhez, durante los últimos meses de 2020 se evidenciaron eventos que configuran daños al medio ambiente, tales como acumulación de desechos sólidos, derrames petroleros, ruptura de tuberías de aguas servidas, contaminación del aire, riesgo de contaminación de aguas por explotación del carbón, entre otras.

Denuncias que han sido registradas por organizaciones no gubernamentales como Azul Ambientalistas o Proyecto Cumbre Ecológica.

Por otra parte, también se ha denunciado la explotación de carbón en zonas rurales reconocidas como hábitats indígenas, que, desde el punto de vista constitucional, encuentran protección especial.

“En un hecho concreto, se denunció la supuesta explotación de carbón en el municipio Mara que podría afectar los tres ríos más importantes de la zona, los cuales surten el embalse que se encarga de la distribución del agua a 75 % de la región [zuliana]”, registra el informe.

La quema de la basura genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente. | Foto: Francisco Rincón

Codhez destaca igualmente que el ambiente no ha sido un tema prioritario para las entidades de gobierno. “Pese a las gracias ambientales con las que cuenta el Zulia, su protección y conservación es letra muerta en los textos normativos”.

“Se debe tomar conciencia y acciones para emprender la recuperación del ambiente y, por consiguiente, la vigencia del derecho que tienen todas las personas a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.

Memoria histórica sobre lo que no debe repetirse

En cuanto a la pandemia, Codhez reitera que las medidas excepcionales deben ser temporales y no absolutas, orientadas a asegurar mayores prestaciones a los venezolanos en orden a garantizar sus derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado.

Para la Comisión, este informe fue realizado con el fin de plasmar y difundir la difícil realidad diaria de millones de personas, como memoria histórica sobre lo que no debe permitirse ni repetirse, y como insumo necesario para el reconocimiento de responsabilidades, rendición de cuentas y reparaciones integrales.

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