Nota de prensa
Un importante paso se dio en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el estado Zulia el pasado 3 de julio en Maracaibo con la presentación de un anteproyecto de ley ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) por parte del proyecto MonitorDESCAVE.
Esta iniciativa surge como respuesta a las demandas y necesidades en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las comunidades vulnerables del estado Zulia. Es el resultado de un amplio proceso de consultas de asambleas de vecinos y la colaboración de legisladores, asesores, miembros de organizaciones de la sociedad civil y líderes emergentes del proyecto MonitorDESCAVE, entre los que se encuentran Valmore Montiel, Diego Páez, Carola Robertis, Roxana Sarmiento y Anthony Atencio.
El objetivo principal es fortalecer la articulación y corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Valmore Montiel, líder egresado del proyecto MonitorDESCAVE, presentó y entregó la propuesta al legislador Yover Sánchez, Presidente de la Comisión de DDHH del CLEZ. El anteproyecto propone la creación de un Instituto Regional para la Defensa y Promoción de los DDHH, así como el impulso de nuevas actividades educativas y formativas en materia de Derechos Humanos en el estado.
Para los miembros de este proyecto, esta es una gran oportunidad para fortalecer la institucionalidad en materia de DDHH en el estado Zulia y para garantizar que todos los zulianos puedan conocer y disfrutar de sus derechos en materia DESCA plenamente. Consideran que la creación de un Instituto Regional para la Defensa y Promoción de los DDHH se convertirá en una herramienta fundamental para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos humanos con enfoque DESCA y para apoyar a las comunidades más vulnerables.
Desde el proyecto MonitorDESCAVE se espera que esta propuesta entregada sea revisada y discutida por los legisladores del CLEZ de la mano de la organizaciones de la sociedad civil que deseen sumar su aportes a los procesos de consulta pública para la aprobación final de la ley.