Nota de prensa
Entre enero y noviembre de 2024 el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) registró 57 casos de discriminación o violencia hacia alguna mujer de esta población. La investigación indica que 68 mujeres resultaron afectadas de manera directa.
De estas 68 mujeres, donde algunas son lesbianas, bisexuales, mujeres trans, intersexuales o queer (LBTIQ+), 48 son mujeres cis (persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer) y 20 son mujeres trans (persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer).
En cuanto al motivo de la violencia 17 fueron por su orientación sexual, 16 por su identidad o expresión de género, 40 por percibir que era una persona de la comunidad LBTIQ+ y 20 están sin información.
Asimismo, sobre el tipo de violencia documentado en este periodo: 31 fueron incidentes discriminatorios, 20 por algún delito basado en prejuicio, 4 por violencia intragénero, uno sin información y un caso de violencia extrema.
Entre las agresiones contra mujeres cis el OVV LGBTIQ+ identificó 83. Cabe destacar que es posible sufrir más de un tipo de agresión por caso. Algunas de ellas fueron 27 agresiones o humillaciones verbales, 9 fueron golpes o lesiones, 5 casos de acoso sexual, 5 casos de intimidaciones o amenazas, 5 casos de acoso o 4 casos donde les negaron el acceso o permanencia a un espacio público.
Ninguna mujer en Venezuela está a salvo de experimentar algún tipo de violencia basada en género. En lo que va de año las mujeres LBTIQ+ experimentaron algún riesgo en distintos espacios, por ejemplo, se logró identificar 3 casos en donde sufrieron ciberacoso o maltrato online, 3 casos donde las obligaron a tener relaciones sexuales, 2 casos de encierro o aislamiento y un caso de ecosig (esfuerzos para corregir o cambiar la orientación sexual e identidad de género o también llamadas terapias de conversión).
Dentro de los casos documentados uno fue acoso policial, un caso de acoso vecinal, una amenaza de muerte, dos anulaciones de pasaporte, dos retenciones o detenciones, un intento de homicidio y un caso de violencia vicaria (donde se le ocasiona algún tipo de daño a los hijos para presionar o lastimar a la mujer).
Entre las agresiones contra mujeres trans el observatorio identificó 46. Algunas de ellas fueron 13 casos con agresiones verbales/humillaciones, 6 casos donde no respetaron su identidad de género, 5 de intimidación o amenaza, 2 casos donde las obligaron a cambiar la apariencia, 2 casos de acoso, un caso de amenaza de muerte y un asesinato.
Entre enero y noviembre de 2024 las mujeres trans en Venezuela también fueron víctimas de múltiples violencias. La documentación halló un caso de ciberacoso, un caso de ecosig (esfuerzos para corregir o cambiar la orientación sexual e identidad de género) y un caso de expulsión en el hogar, un caso donde le obligaron a tener relaciones sexuales y un caso de detención o retención.
Ante la imposibilidad de hacer el cambio de nombre de acuerdo a su identidad de género las personas trans enfrentan otros desafíos relacionados a sus derechos educativos y laborales. Por ejemplo, se documentó un caso donde negaron o dificultaron el acceso a educación, uno donde negaron o dificultaron la permanencia en un espacio y un caso de privación de medios económicos, un caso de despido y un caso de dificultad de acceso al trabajo.
La mayoría de los casos de discriminación provenían de Distrito Capital (18), Miranda (10), sin información (8), redes sociales (5), Aragua (4), Carabobo (3), Sucre (2), Anzoátegui (1), Barinas (1), Bolívar (1), La Guaira (1), Lara (1), Nueva Esparta (1) y Zulia (1).
Entre los espacios donde ocurrieron estos hechos el mayor número se dio en casa/ámbito familiar (11), espacios de participación política y representación (10), ámbito y amistades y conocidos (8), espacios públicos al aire libre (8), espacios comerciales y de disfrute (5), espacios comunicacionales (5), ámbito laboral (4), servicios de salud (3), institución pública (2) y ámbito educativo (1).
Sobre el perfil del agresor 27 eran civiles, 9 eran personas de influencia o en situación de poder, 7 sin información, 12 eran funcionarios del Estado y 2 eran de seguridad privada de establecimientos comerciales.