La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) registró para el cierre de 2020 un total de 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en hechos que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano.
De acuerdo con el Boletín de diciembre 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia publicado por la organización, para el último semestre de 2020 se registró la muerte de 213 personas, en comparación con las 373 personas asesinadas entre los meses de enero y junio de 2020.
Codhez manifiesta “profunda preocupación ante la violencia desplegada por funcionarios del Estado venezolano, cuyas acciones durante el segundo semestre de 2020 generaron 213 muertes en el Zulia, sin que hayan trascendido mayores detalles sobre las investigaciones que se han debido iniciar”.
Cuerpos policiales letales
Las muertes registradas en el segundo semestre de 2020 fueron resultado de 158 hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad del Estado. De la totalidad de estos 158 hechos violentos, 155 fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes, mientras que el resto ocurrió en otras circunstancias.
En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, en el boletín de Codhez se destaca que Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados de violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 66 hechos violentos (41,77%), en San Francisco 25 (15,82%), en La Cañada de Urdaneta 16 (10,13%) y en Cabimas 12 (7,59%). Por su parte, tanto en Jesús Enrique Lossada como en Santa Rita ocurrieron 9 hechos durante el segundo semestre de 2020.
En el segundo semestre de 2020, el boletín de Codhez establece que el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional: 89 (41,78% de los casos del período julio-diciembre). De forma específica, dos de los cuerpos de seguridad regionales provocaron el mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia: el SIPEZ con 42 (19,72%) y el ERE con 30 (14,08%).
Por su parte, los cuerpos de seguridad municipales dieron muerte a 54 personas (25,35%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad nacionales ocasionaron la muerte de 53 personas (24,88%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 17 personas (7,98%).
Cabe destacar que el CICPC, cuerpo de seguridad nacional, produjo 22 muertes por violencia policial (10,33%), cifra que se suma a las 10 muertes causadas por las FAES (4,69%). Mientras que CPBEZ (7,98%), Polimaracaibo (7,98%) y comisiones mixtas (7,98%) sumaron 17 muertes cada uno.
Se destaca que, en estos casos, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad.
Zulia, una de las regiones más violentas
Durante los últimos seis meses el Zulia continúa ubicándose entre las regiones con mayores incidentes de hechos y muertes por violencia policial, los cuales permanecen impunes ante un sistema judicial que se encuentra en entredicho por ausencia de su independencia y autonomía.
“Las personas víctimas y sus familiares se encuentran frente a un aparato estatal que no responde, dejando en la impunidad este tipo de violaciones, contraviniendo el mandato previsto en el artículo 29 constitucional”, manifiesta Codhez en su informe mensual. El texto constitucional preceptúa que El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Estos casos de uso excesivo de la fuerza y violencia policial se verifican también con situaciones de detenciones arbitrarias, como la ocurrida el 4 de diciembre cuando dos hombres fueron detenidos en el municipio La Cañada de Urdaneta por portar volantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana. Las autoridades que los detuvieron alegaron que se trataban de panfletos alusivos en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Con posterioridad, se informó que las personas fueron presentadas ante los tribunales y se les dictó medida sustitutiva de privación de libertad consistente en un régimen de presentación.
Otro suceso que destaca es el ocurrido en noviembre en una finca ubicada en el municipio Francisco Javier Pulgar, en donde en un supuesto procedimiento de las FAES, sin autorización ni razón expresa, amordazaron a personas trabajadoras de una finca y les ordenaron excavar una fosa, situación que estaría siendo investigada por el Ministerio Público.
Ante esto, Codhez reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional y convencional tanto en lo referente a impedir este tipo de conductas por parte de sus agentes como a castigar y determinar las responsabilidades personales por el uso excesivo de la fuerza pública, que desencadena graves violaciones a los derechos humanos.
“Las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas, sancionadas y reparadas como muestra de actitud proactiva del Estado, puesto que estamos en presencia de un tema que interesa a toda la comunidad internacional dada su connotación como delito de lesa humanidad”, manifiesta la organización de derechos humanos en sus consideraciones finales.
El Estado como garante de la vida, debe llevar a cabo investigaciones efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes que permitan hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
Con información de Prensa Codhez