Texto y fotos: Francisco Rincón (@Frajorim)
Muy diferente a los anuncios rimbombantes, el Ministerio para el Ecosocialismo (en representación del Estado venezolano), presentó muy bajo perfil en octubre de 2025 la Segunda Contribución Determinada Nacional (NDC) 2025-2030 a la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Este documento oficial, prácticamente desconocido en Venezuela, es el tercero en su tipo que elabora el Estado tras la Primera Contribución Nacionalmente Determinada del año 2017 y una actualización en 2021.
Las NDC de un país describen cómo este planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir al cumplimiento del objetivo mundial de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Este nuevo plan nacional de acción climática se presentó en virtud del Acuerdo de París y el Estado venezolano lo entregó ocho meses después de la fecha límite e incluso, incumplió la extensión que se dio hasta septiembre de 2025.
El documento oficial que recopila las contribuciones determinadas de Venezuela en materia de mitigación y adaptación al cambio climático tiene 302 páginas.
Para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático el Estado detalla que se requiere una inversión de más de 46 mil millones de dólares en seis años en los sectores agricultura y tierras, minas, hidrocarburos, ecosocialismo, electricidad, transporte, adultos mayores, pesca y acuicultura, salud, turismo, pueblos indígenas, ciencia y tecnología, aguas, hábitat y vivienda.
El promedio de inversión anual debería de ser de más de siete mil millones de dólares.
El Estado afirma que muchas de estas acciones serán financiadas con recursos públicos y desarrolladas mediante procesos de consulta popular para seleccionar los proyectos priorizados en elecciones y ejecutados por las comunas directamente, mientras que otras requieren de financiamiento internacional.
«Aún bajo medidas coercitivas unilaterales que pretenden ahogar económicamente nuestra nación, esta estrategia nacional incluyente y abarcante es, sin duda, la contribución determinada nacional más ambiciosa que se haya planteado, y su ejecución sólo es posible bajo condiciones de unidad del pueblo organizado y el Gobierno en todas sus escalas», cita el informe atribuyendo las palabras de Ricardo Molina, ministro para el Ecosocialismo.
La meta es alcanzar una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 2030, con respecto a la línea base tendencial (2024-2030).
El gobierno insiste que Venezuela es un país carbono neutral. Según datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en el balance de las emisiones entre los años 2010 y 2022 bajaron las emisiones en los sectores industria y energía y aumentaron en agricultura, desechos y residuos y en el sector usos de la tierra, cambios de usos de la tierra y silvicultura por la quema de biomasa.
Hay 37 proyectos de mitigación a realizar, entre los que destacan:
- Implementar un Sistema Nacional de Información de Cambio Climático.
- Diversificar la matriz de generación eléctrica a través de la implementación de sistemas de energías renovables y alternativas.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono de las operaciones ejecutadas en aeropuertos.
- Monitorear los niveles de emisión de CO2 proveniente de vuelos internacionales.
- Plan de mantenimiento y sustitución de unidades de transporte de carga pesada.
- Reducciones de emisiones GEI ocasionada por los buques.
- Monitoreo de la calidad del aire y agua en ambientes marinos.
- La reducción de 71% de emisiones por la quema y venteo de gas natural.
- Estimación del carbono capturado en los bosques establecidos y resguardados por PDVSA.
- Emprendimientos para la gestión sostenible de residuos orgánicos y fortalecimiento de iniciativas escolares.
- Verificar la operatividad de las plantas de tratamiento de vertidos y efluentes líquidos (domésticas e industriales) públicas y privadas, para crear metodologías que permitan inventariar la generación de los gases de efecto invernadero a fin de implementar políticas, medidas y acciones para promover la disminución progresivas de estos gases.
Por otra parte, hay 41 proyectos de adaptación, entre ellos:
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en los sectores agricultura, pesca y recursos hídricos.
- Impulso de los Comités de Salud Agrícola Integral para promover prácticas agrícolas sostenibles.
- Fomentar la gestión para la adaptación al cambio climático en los Centros de Atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS).
- Construcción de 1.840.000 viviendas planificadas desde la perspectiva bioclimática y ambiental, bajo los estándares de infraestructuras sostenibles y resilientes.
- Establecimiento de red comunal de generación de información climatológica oportuna y confiable y conformación de consejos de ecosocialismo para luchar frente al cambio climático.
- Fortalecimiento de la gestión para combatir las amenazas de las especies exóticas invasoras acuáticas.
- Transversalización de la educación ambiental y gestión de la crisis climática en los planes de estudio de educación universitaria.
- Plan de acción de género e inclusión social en los sectores agricultura, pesca y recursos hídricos.
- Producción de biosal mediante captura de CO2 en las comunas costeras con el cultivo de batis marina (arbusto rastrero y tolerante a la sal).
- Planes de adaptación al cambio climático de los pueblos y comunidades indígenas Yekwana, Sanéma, Wayuu, Añú y Warao.
- Fortalecer la vigilancia entomológica ((insectos) y el control de los vectores, incluyendo la vigilancia y control sanitario de la calidad de agua y del aire en incineradores.
Según el reciente Informe Nacional de Evaluación de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático de Venezuela, los escenarios climáticos indican que las precipitaciones disminuirán en la mayor parte del territorio nacional, con alteraciones significativas en su estacionalidad y posibles modificaciones en el inicio de la estación lluviosa, lo cual supone implicaciones para la agricultura y la gestión de recursos hídricos por una acentuación de la sequía.
Asimismo, los escenarios climáticos muestran una clara tendencia al aumento generalizado de la temperatura media mensual, que alteraría de manera notable, el patrón térmico del país. La mayor variación climática se presentaría en San Cristóbal, seguida de Mérida y Ciudad Guayana. En Caracas, Maracay y Valencia, se observarían reducciones notables en la precipitación.
Se destacan además, reducciones moderadas de precipitación en Porlamar. Sin embargo, los cambios suponen al igual que para Mérida, repercusiones no solo en los habitantes de las ciudades, sino también en las actividades turísticas y en la economía local. En las áreas urbanas, la disminución de la disponibilidad hídrica puede generar escasez de agua potable, afectando la salud y las actividades económicas.
Los eventos climáticos extremos como las inundaciones pueden forzar el desplazamiento de personas, generando presión sobre otros asentamientos y aumentando la vulnerabilidad de la población afectada.
Los impactos del cambio climático pueden gradualmente afectar los medios de vida, aumentar la pobreza y la desigualdad en las zonas urbanas. Por otro lado, el aumento de la temperatura y la escasez de agua pueden propagar enfermedades y afectar la salud pública. Para el sector agricultura, las simulaciones indican que cultivos de secano (que no se riegan y solo recibe el agua de la lluvia) como maíz, sorgo, soya y frijol, podrían experimentar una disminución significativa en sus rendimientos debido al cambio climático.
En el ámbito de las tierras agrícolas de máxima preservación, la vulnerabilidad alta afecta las tierras de los estados Monagas, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Lara, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo. Mientras que la vulnerabilidad media se extiende en tierras de Anzoátegui, Guárico, Zulia y Falcón.
Tanto las disminuciones en las tasas de precipitación como el aumento de la temperatura, afectarían la seguridad agroalimentaria del país. Los efectos derivados de estas afectaciones se traducen en un incremento del estrés hídrico, impactos en el desarrollo, crecimiento y rendimiento de los cultivos, mayor incidencia de plagas y enfermedades, incremento en la demanda de agua para riego y reducciones en las áreas de riego.
Por otro lado, las variaciones en los impulsores climáticos, incrementarían la ocurrencia de lluvias extremas que podrían causar pérdidas y daños.
En el ámbito social, tanto la disminución en las tasas de precipitación, como las altas temperaturas, y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, pueden afectar los medios y calidad de vida de la población, lo que puede promover desplazamientos humanos debido a las severas condiciones climáticas. Al menos 54 municipios del país son considerados con altos y muy altos valores de vulnerabilidad con potencial condición de riesgos que pudiera causar desplazamiento humano. Esto pudiera traducirse en futuras pérdidas económicas por daños a la infraestructura, interrupción de actividades productivas, altos costos de reconstrucción y afectaciones a la vida humana.
El análisis de las proyecciones climáticas indica que tanto el nivel del mar como la temperatura de la superficie del mar experimentarán tasas variables de aumento. Estos cambios pueden tener impactos directos significativos y múltiples problemas que afectan a las personas por el aumento de eventos extremos, inundaciones, la creciente erosión costera y la consecuente pérdida de superficie terrestre. En este último caso los estados Anzoátegui, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, revelaron los valores más críticos en las proyecciones del aumento del nivel del mar.
Los impactos derivados de la variabilidad climática afectarían el modo de vida de los pueblos indígenas debido a su estrecha relación con la naturaleza, su dependencia de los recursos naturales para la subsistencia y sus sistemas de conocimiento tradicionales.
En el país, la población económicamente activa ocupada también se considera vulnerable al cambio climático, los servicios comunales, sociales y personales representan la fuerza laboral más afectada en términos del número de trabajadores. En el escenario más crítico, la población del 60% del país presenta una vulnerabilidad media al cambio climático.
Dado el avance del cambio climático, se estima que las Áreas Naturales se verán afectadas, lo que a su vez impactará la diversidad biológica. Las áreas naturales más afectadas en el escenario más crítico serán el Parque Nacional Waraira Repano y el Macarao; en el caso de los Monumentos Naturales se tiene al Cerro Santa Ana y el Pico Codazzi; en los Refugios de Fauna se encuentran la Ciénaga de Los Olivitos seguido por la Laguna Boca de Caño; en la categoría Reserva de Fauna están la Ciénaga de la Palmita, Isla de Pájaros y la Tucurere, y en la Reserva de Biosfera se menciona la del Alto Orinoco-Casiquiare.