Nota de prensa
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, entre ellas la Free Press Unlimited, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Reporteres Sin Fronteras (RSF), Fundamedios y el Committee to Protect Journalists (CPJ), han publicado conjuntamente un informe sobre la preocupante situación de la libertad de expresión e Venezuela. El informe destaca el aumento de las agresiones y restricciones a periodistas y medios de comunicación, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En la últimas décadas, ya era evidente que la libertad de prensa en Venezuela se estaba reduciendo. Más de 400 medios de comunicación fueron cerrados (desde 1999) y al menos 30 sitios web de medios independientes han sido bloqueados. En consecuencia, el derecho a acceder a información fidedigna ha estado bajo presión durante años. La situación en torno a las elecciones, unida a los nuevos acontecimientos, ha vuelto a poner de manifiesto la gravedad de esta situación.
Las organizaciones supervisaron y documentaron la situación de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas entre julio y agosto de 2024. El informe encontró que, durante y después de las elecciones, se intensificaron las campañas de desinformación, las detenciones arbitrarias, la intimidación, la censura (y auto-censura), y los bloqueos contra medios de comunicación críticos. Antes de las elecciones, hubo múltiples obstáculos para cubrir el periodo pre-electoral, agravados por el cierre de medios, leyes de difamación y restricciones de acceso.
Esto incluyó bloqueos de vías y espacios de cobertura. Además, la campaña oficialista tuvo mayor presencia en medios, mientras que los candidatos opositores recibieron poca cobertura.
Las organizaciones también confirmaron que además de la difusión de noticias falsas, también se están produciendo ataques directos a periodistas. Al menos ocho periodistas han sido encarcelados acusados de “incitación al odio”, a menudo sin acceso a una protección jurídica adecuada, y 13 casos de detención arbitraria a ciudadanos por expresar sus opiniones en las redes sociales.
Free Press Unlimited reitera que “el informe confirma lo que hemos visto durante mucho tiempo: el clima para los periodistas y los medios de comunicación y periodistas es inseguro y las detenciones, anulaciones de documentos y intimidación son una forma de permitirlo. Lo que importa es que el informe esté ahí. La evidencia de que algo necesita cambiar está ahí. Ahora corresponde a los responsables políticos y a la comunidad internacional integrar nuestras recomendaciones en sus planes».
Llamado urgente a la acción
A partir de su informe, las organizaciones formulan una serie de recomendaciones. Instan, entre otras cosas, que el gobierno venezolano libere a los ocho periodistas encarcelados y garantice procesos legales transparentes, incluyendo el derecho a defensa.
Se pide a entidades como SEBIN y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecer mecanismos de transparencia para evitar el mal uso de datos recolectados mediante herramientas que han sido utilizadas para perseguir periodistas.
Además, el gobierno es instado a garantizar el acceso de la prensa a instituciones públicas, cesar el uso de tecnología de vigilancia contra críticos y aclarar su relación con empresas telefónicas y de telecomunicacion en estas prácticas.
La comunidad internacional, por su parte, debe continuar apoyando la sostenibilidad financiera de los medios, mientras que las organizaciones de libertad de expresión deben fortalecer estrategias de protección física y digital para periodistas, especialmente en zonas de difícil acceso, y fomentar alianzas que fortalezcan la resiliencia del sector mediático en Venezuela.